Foto de Hector Perez (pexels.com)
Desde hace unos meses, en Argentina preocupa la situación en cuanto a políticas ambientales. El nuevo gobierno, que asumió en diciembre de 2023, ha manifestado en numerosas ocasiones una “actitud contraria” a los temas ambientales, incluso ante órganos internacionales.
Sin embargo, estamos frente a un tema que siempre preocupó, ya que las leyes existentes no se cumplían. Ahora se suma la priorización de lo económico sobre el desarrollo sostenible, además del desinterés y el desconocimiento de muchas leyes ambientales vigentes.
El presidente Javier Milei lo evidenció con el Decreto de Necesidad y Urgencia (70/2023) publicado a finales de diciembre, que incluía, entre otras cosas, la derogación de leyes ambientales fundamentales como la protección de tierras rurales, leyes de minería y la modificación de la Ley de Manejo del Fuego; y la posterior “ley ómnibus” que proponía modificar leyes de bosques y glaciares, entre otras medidas.
Y aunque, luego de cuatro meses de gobierno, ninguna de estas medidas fueron aún ejecutadas, la preocupación por las políticas ambientales está en crecimiento. ¿Cuáles son los verdaderos problemas que atraviesa la Argentina en materia de medio ambiente? ¿Qué diferencias hay con gobiernos anteriores?
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) trabaja para que “lo ambiental sea política de Estado”, fomentando “políticas públicas a favor del desarrollo sostenible». En diálogo con su director ejecutivo, Andrés Nápoli, conversamos sobre la realidad que atraviesa el país, cómo está actuando el sector no gubernamental y cuáles son los pronósticos que se prevén a futuro.
El contexto actual
Al iniciar el mandato, el nuevo gobierno dejó entrever que la crisis climática no era un tema de agenda. Nápoli explica: “Estamos en una línea que no tiene que ver con cumplir el mandato de la protección ambiental que establece la Constitución Nacional”.
Una de las primeras medidas que tomó el nuevo presidente fue el cambio de jerarquías. El Ministerio de Ambiente pasó a ser una Subsecretaría compartida en conjunto con Deporte y Turismo: “Aunque los temas ambientales pueden tener que ver tangencialmente con esto, en realidad se involucran mucho más la economía o el desarrollo, como son energía, agricultura, infraestructura; es decir, otros espacios que tienen decisiones económicas que impactan el ambiente”, menciona Nápoli.
En efecto, los temas ambientales tienen que ver con todo y, por ello, deberían depender directamente del nivel jerárquico superior, pues de lo contrario siempre se presentarán conflictos de interés.
Otro hecho significativo fue la suspensión de la totalidad de las obras públicas, sobre todo, preocupan las infraestructuras resilientes al cambio climático. El financiamiento es fundamental para la ejecución de políticas ambientales, porque no hacen falta declaraciones, sino acciones «que necesitan programas y presencia en el territorio”, explica Nápoli.
El problema fundamental radica en que el gobierno propuso derogar leyes ambientales esenciales, “y a esto se le agrega el desmantelamiento de organismos públicos como el Servicio Meteorológico Nacional, el CONICET y la Administración de Parques Nacionales”, agrega Nápoli con preocupación.
Algunos reclamos han llegado a buen puerto, como en la provincia de Catamarca, donde la explotación minera es intensiva. El Amicus Curiae presentado por FARN ha logrado inducir a la provincia a abstenerse de otorgar nuevos permisos para la actividad minera en la zona del río Los Patos hasta que se realice un estudio de impacto ambiental “acumulativo e integral”. La vigencia del Acuerdo de Escazú que fue ratificado por Argentina en 2021, permitió también lograr esta resolución.
¿Qué ha sucedido previamente en el país?
Es bueno destacar que, aunque el país tiene leyes ambientales promulgadas, como la Ley de Bosques, la Ley de Glaciares o la Ley de Manejo del Fuego, entre otras, “el tema ambiental nunca ha sido de importancia en la agenda pública”, destaca el director de FARN.
En Argentina, “los temas ambientales siempre han venido de la mano de las crisis o protestas por hechos graves puntuales. No han sido decisiones propias de los gobiernos que buscaron impulsar procesos de protección ambiental”, menciona Nápoli.
En efecto, afirma que el gobierno anterior “no implementaba efectivamente muchas de las leyes ambientales. Simplemente no tenía una actitud contraria a los temas ambientales, como sí lo ha manifestado este gobierno”.
¿Qué queda por hacer?
Desde las organizaciones ambientales hoy existe una “gran unificación para la defensa de las leyes fundamentales”, explica Nápoli. Se han aliado más de 150 organizaciones para defender las leyes, los presupuestos mínimos y el monitoreo de las cuestiones más importantes. “Lo que importa es el trabajo unificado”, asegura.
Es claro, dice Andrés, que “estamos ante un gobierno que ha debilitado el control ambiental”. Sin embargo, “hace falta tiempo para saber cómo esto repercutirá en términos efectivos”, apunta. Para él, un actor fundamental en este tema es el Papa Francisco: “Él contribuyó muchísimo en la agenda internacional y tienen un rol importante para lo que viene en nuestro país”.
La prioridad actual es “establecer claridad y objetivos”, apunta Nápoli, mencionando que “la unión y los esfuerzos de las organizaciones se ratifica más que nunca”. Por eso, a pesar del contexto actual, se debe seguir trabajando en conjunto: “Los gobiernos son circunstanciales y hay que trabajar más allá de ellos”, concluye.